Pasados tres años de la Revolución de Mayo, con la consiguiente necesidad de definir el sistema institucional de un estado emergente, el Segundo Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata convocó la Asamblea General Constituyente para que representase a los pueblos recién licenciados del orden real español y defina la organización colectiva de la Confederación Argentina. El 27 de febrero de 1813, la Asamblea aprobó el Estatuto del Supremo Poder Ejecutivo, el cual detallaba las instituciones y facultades que darían forma al Poder Ejecutivo Nacional.

Éste instrumento legal sancionaba la nueva integración del Poder Ejecutivo, conformándose este por tres personas con alternancia cada seis meses por el orden de mayor antigüedad; ofrecía garantías y limitaciones como la retribución a los funcionarios con un salario y la prohibición para los integrantes del Triunvirato de salir en expediciones militares u otra comisión sin la autorización de la Asamblea General Constituyente, residiendo en dicho organismo la facultad de sancionar o remover de la institución a quienes efectúen traición, cohecho, malversación de fondos del Estado o violación de sus decretos.

Asimismo, será el Poder Ejecutivo el que designe a los magistrados y funcionarios públicos salvo las autoridades del Supremo Poder Judiciario y comandará al Ejército, la Armada y milicias provinciales.

En cuanto a las relaciones exteriores, recibirá a los embajadores y ministros públicos de las demás Naciones, poseyendo la autoridad para firmar negociaciones, tratados de paz y de comercio; las declaraciones de guerra deberán ser tratadas en la Asamblea General. En caso de invasión real o inminente, de sublevación u otro atentado contra la seguridad del Estado, el Ejecutivo podría suspender el decreto de seguridad individual, notificando a la Asamblea General de este suceso en las veinticuatro horas próximas a su derogación.

Las facultades administrativas del Poder Ejecutivo recaían en la ejecución de leyes y decretos, la gobernación del Estado con la consiguiente aprobación de Reglamentos y Ordenanzas que crea necesarias para ello. También manejaría las rentas del Estado y la superintendencia de las fábricas de monedas.